La principal asociación de dueños de pisos estudia demandar al Gobierno por limitar el precio del alquiler

La Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler (Asval) estudia emprender medidas judiciales contra el Gobierno por los daños causados por la intervención en el precio del alquiler, según explican a OKDIARIO fuentes cercanas a la patronal. El Ejecutivo dirigido por Pedro Sánchez lleva meses atacando a este sector y, por ende, a los propietarios de pisos de alquiler: primero con la aprobación de la Ley de Vivienda y segundo con la limitación de la subida de los precios del alquiler al 2%.

A finales de marzo, el Gobierno aprobó limitar la subida del precio del alquiler al 2% para los contratos que tuvieran que renovarse entre el 1 de abril y el 30 de junio. Así, los dueños de los pisos arrendados no pueden incrementar a sus inquilinos el precio de la renta en base a la inflación, como incluyen la mayoría de contratos en España.

En principio, esta medida iba a estar vigente durante los meses de abril, mayo y junio; pero ahora el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda (Mitma) Urbana planea prorrogar esta limitación más allá del 30 de junio. En concreto, la ministra Raquel Sánchez dijo la semana pasada que «si no hay cambios en las circunstancias, sobre todo en las medidas de carácter social, tiene lógica que el Gobierno las mantenga».

Además, Sánchez concretó que «el Gobierno prorrogará las medidas que sean necesarias para intentar amortiguar el efecto negativo de la crisis, entre ellas la limitación de alquileres».

Efectos de la medida

La imposibilidad de subir el precio de los alquiler más de un 2% y la intervención de las rentas que contempla la Ley de Vivienda, ya ha generado inestabilidad entre los propietarios de viviendas, según fuentes del sector.

«Este tipo de decisiones provocarán que los propietarios decidan retirar sus viviendas del mercado y la oferta se podría reducir un 20%», asegura la Asociación Española de Personal Shopper Inmobiliario (AEPSI). Su presidente, Iñaki Unsain, ya dudaba el pasado mes de abril que la limitación sólo fuese a durar tres meses y apuntaba: «Es muy probable que llegue el día 30 de junio y digan se prorroga tres meses más».

Por su parte, Asval apuntaba: «se carga a los propietarios de pisos en alquiler con el problema social de la vivienda, cuando es responsabilidad de las Administraciones Públicas. Esto se suma al actual marco regulatorio, que presiona al propietario, lo que redundará en una reducción de la oferta».

¿A cuántos inquilinos afecta?

Según datos de Mitma, en España hay unos 3,5 millones de viviendas alquiladas, por lo que la medida podría afectar a unos 875.000 contratos si la medida sólo dura tres meses, que son los vencerían este trimestre, en el supuesto de que se firmara el mismo número de contratos de alquiler en cada uno de los cuatro trimestres del año. Mientras que si se prorroga otro trimestre podría afectar a 1,75 millones de contratos.

De esas, unas 175.000 viviendas (5%) están en manos de grandes tenedores, es decir, titulares de diez o más inmuebles urbanos, excluyendo garajes y trasteros, o que tengan una superficie construida de más de 1.500 metros cuadrados, en su gran mayoría bancos, fondos, compañías de seguros y socimis (sociedades anónimas cotizadas de inversión inmobiliaria).